Supuesta connivencia entre policías y narcos: el fiscal Sabadini rechazó excarcelaciones y pidió cambio de carátulas

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Avanza la investigación de la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini en el expediente por una supuesta connivencia entre efectivos de la policía de Chaco y vendedores de drogas, que implicaría la liberación de zonas por parte de los agentes y la entrega de estupefacientes por parte de los narcos a los policías para utilizarla en operativos.

El caso explotó el sábado, cuando la jueza federal de Resistencia N° 1, Zunilda Niremperger, ordenó un procedimiento en la Comisaría 12ª por el caso en cuestión; en simultáneo, se allanaron viviendas. Como resultado del operativo, se secuestraron drogas y se produjeron cuatro detenciones: tres policías, identificados como Rubén Alberto Molina, Matías Josué Frete y Leandro Gabriel Cocco; y una mujer civil, De La Cruz Ester Pereña.

El miércoles se conoció que los policías se abstuvieron de declarar y que todos los imputados presentaron su pedido de excarcelación.

En este sentido, el fiscal federal Patricio Sabadini dictaminó sobre dos de esas solicitudes y rechazó ambas excarcelaciones.

Una de ellas es la presentada por el policía Frete, mientras que la otra fue la efectuada por Pereña. Sabadini presentó similares argumentos para formular su posición en contra de ambas excarcelaciones.

Según los documento a los que tuvo acceso Diario Chaco, el representante del Ministerio Público Fiscal del fuero federal consideró que si bien ambos tienen domicilios fijos en Resistencia y viven con familiares, «considerando la complejidad de la causa y el estado en se encuentra la misma, tales elementos no permiten desvirtuar el riesgo existente«.

Además opinó que «la especial gravedad de los delitos que se le imputan es un parámetro al que debe atenderse al momento de resolverse sobre la procedencia del beneficio de que se trata, ya que atento la naturaleza y severidad de la pena prevista para el delito que se le atribuye, se presenta como posible que el imputado una vez excarcelado intente evadir la acción de la justicia, ante el pronóstico de una futura pena grave y de efectivo cumplimiento, o antes bien intentar entorpecer la marcha de las investigaciones frustrando de esta manera los fines del proceso«.

«La mecánica fraudulenta, aquí investigada, cuenta con la intervención funcionarios públicos – personal de la Policía de la provincia del Chaco-, lo que les ha permitido dirigir las maniobras delictivas y lo que los coloca en una posición susceptible de afectar el curso de la investigación, por poseer los medios económicos, información privilegiada y los contactos como para entorpecer la labor investigativa, a través de la influencia que puede ejercer sobre posibles testigos, presionándolos directa o indirectamente para ser beneficiados con sus testimonios, a lo que debe agregarse el riesgo concreto que existe en la manipulación o sustracción de documentación necesaria para la causa«, añadió el fiscal federal.

Respecto a las escalas penales que le cabrían a los imputados, Sabadini explicó que en el caso del policía «iría de cinco a más de veinticinco años y de acuerdo a la calificación legal expuesta podría corresponderle al imputado una pena superior a los ocho de pena privativa a la libertad«. Por su parte, para la mujer civil se «prevé una escala penal de cuatro a veintiún años y de acuerdo a la calificación legal expuesta podría corresponderle a la imputada una pena superior a los ocho de pena privativa a la libertad«.

«Tomando en consideración el mínimo de la pena conminada en abstracto para los delitos que se le atribuyen tampoco resultaría procedente la aplicación de condena de ejecución condicional«, agrega el fiscal.

Con estos elementos, Sabadini cierra sus escritos manifestando: «Entiendo que la Sra. Juez no debe hacer lugar al beneficio solicitado«. Ahora será la magistrada Zunilda Niremperger quien decidirá respecto a los argumentos vertidos por el fiscal federal.

«En la presente causa se investiga a un grupo integrado por funcionarios de la Policía de la provincia del Chaco, quienes realizarían distintas actividades ilegales como ser: armado de procedimientos ficticios, allanamientos ilegales, aprietes, facilitación de venta al narcomenudeo en los denominados «bunkers», dentro de la jurisdicción de la Comisaria Duodécima brindando protección a cambio de beneficios económicos. Esta organización criminal trabajaría en connivencia con una boca de expendio de estupefaciente al menudeo, la cual es llevada a cabo por De La Cruz Ester Pereña. Esta connivencia consistiría en un encubrimiento, brindando protección, alertando de posibles operativos policiales, todo ello a cambio de una remuneración económica, o estupefaciente, que luego es utilizado para la justificación de procedimientos, o bien para el pago de un informante por algún tipo de información. No descartándose que posean contacto con otras bocas de expendio de estupefacientes en esta ciudad«, explicó Sabadini en el escrito judicial.

CAMBIO DE CARÁTULA

En otro documento al que también pudo acceder este medio, el fiscal federal Patricio Sabadini le solicita a la jueza Niremperger el cambio de carátula de los imputados.

Cabe destacar que Pereña está imputada por «tenencia con fines de comercialización y cohecho«. En este sentido, Sabadini pretende agravar la carátula a «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de intervinientes y asociación ilícita«.

«En el caso examinado y conforme surge de los informes de investigación realizadas, se desprende que en el marco de las tareas de vigilancia telefónicas, se pudo advertir que los imputados identificados como Molina y Frete habrían ido juntos a dos bocas de expendio de estupefacientes a buscar bochitas. Que una de estas bocas de expendio seria la casa de la imputada Cruz Ester Perña«, cuenta el fiscal federal.

Por eso dice que para el Ministerio Fiscal «no existen dudas de la participación de Pereña en la asociación ilícita imputada al resto de los encausados pues conforme los informes obrantes en la causa se observa que habría facilitado en varias ocasiones «bochitas de estupefacientes» a policías a cambio de protección, estupefaciente este que sería utilizado por los funcionarios policiales para la justificación de procedimientos o bien para el pago de informantes«.

Por su parte, los policías fueron imputados por «encubrimiento agravado, cohecho, asociación ilícita y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de Funcionario Público, todos en concurso real«.

Para el fiscal federal Sabadini se debe «imputarle además su ‘participación necesaria’ en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pues el aporte que han realizado valiéndose de la influencia y autoridad conferidas por sus cargos de Funcionarios Policiales, proporcionándoles protección y alertando sobre posibles procedimientos han importado una ayuda sin la cual el delito no habría podido ser cometido, al menos en la forma en que se llevó a cabo«.

Con lo expuesto, Sabidini considera que las carátulas deben actualizarse a «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de intervinientes en calidad de autora para Pereña, De La Cruz Ester y en calidad de partícipes necesarios para Rubén Alberto Molina, Matías Josué Frete y Leandro Gabriel Cocco y en el delito de asociación ilícita art 210 del CP. Todo ello sin perjuicio de que el curso de la investigación lleve a modificar tal aserto«.