Misiones : en causa sobre millonaria estafa a Afip también investigan a Filippa

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La justicia federal lleva adelante una causa que involucra a sindicatos, organismos públicos, pilotos de TC y municipios en la supuesta adquisición de facturas truchas para estafar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por unos 5.000 millones de pesos.
Entre los imputados a la causa apuntados como uno de los beneficiarios de la delictiva maniobra se encuentra el actual intendente de Puerto Iguazú, Claudio Raúl Filippa.
De acuerdo a lo que consigna el informe periodístico publicado por Infobae, son doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un ministerio, algunos de los 3.500 usuarios que se beneficiaron “comprando” facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 “usinas” comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez.
Según indican, todas las usinas “tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio del grupo”.
A través de esa metodología estafaron a la Afip por 5.000 millones de pesos, lo que sería unos mil millones más de lo que se creía originalmente, al evadir impuestos como IVA, ganancias y salidas no documentadas.
En la publicación, se nombra a Filippa como uno de los hacedores que ya fue imputado por el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, quien encabeza la causa.
Asimismo, recuerda que “el alcalde ya fue procesado en dos causas iniciadas por su ex esposa por los presuntos delitos de ‘lesiones leves y lesiones leves y amenazas’. Uno de los procesamientos quedó firme y ya fue elevado a juicio”.

Mientras tanto, reina el hermetismo en la Ciudad de las Cataratas.

Intendencias

Según fuentes allegadas al intendente Filippa, dichas facturas investigadas e incautadas en el allanamiento por la Justicia hace aproximadamente dos años, no pertenecen a la gestión actual, sino a la anterior, a cargo de Marcelo Sánchez.
A pesar de ello, el concejal radical Kevin Florentín pedirá una sesión extraordinaria y la creación de una comisión investigadora.
No obstante, después de allanar todas las municipalidades involucradas y secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir sin tener en cuenta si la estafa a la Afip la había realizado la administración anterior, en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos.
De pertenecer a la gestión anterior, se le dictará la falta de mérito a los actuales funcionarios y se imputará al anterior. Pero para que eso suceda la Afip deberá realizar la “determinación de deuda” de cada uno de los organismos involucrados en la maniobra delictiva, algo que aún no terminaron de hacer los contadores del respectivo organismo recaudador.
Cabe destacar que según los registros periodísticos nacionales, el magistrado le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.

“En las intendencias, la Afip detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas”, remarca el informe de Infobae.

El descubrimiento

De acuerdo al medio nacional, “la Afip descubrió esta fabulosa maniobra delictiva casi por casualidad. O no. Un funcionario de línea le llamó la atención los millones de pesos que en poco tiempo había facturado una ignota empresa que estaba a nombre de María Fernández”. “Más dudas surgieron cuando descubrieron que la mujer comenzó a facturar sumas desmesuradas a los pocos días que se inscribió en la Afip, pero que hasta antes de eso, no tenía ni siquiera un empleo formal”, explican.

Y la configuración del delito terminó de establecerse cuando los especialistas de la Administración de Ingresos Públicos, y de Prefectura, descubrieron que las facturas electrónicas de la presunta empresaria María Fernández eran impresas desde una computadora cuyo IP era utilizada por otras empresas también creadas de un día para el otro y cuyos titulares hasta ese momento o no tenían trabajo o eran beneficiarios de planes sociales.

5.000

Millones de pesos .
Es aproximadamente el monto total con el que habrían estafado a la Afip los involucrados en la causa.


3.500

Beneficiados .
Son los que habrían comprado las facturas truchas apócrifas para evadir al fisco, entre municipalidades, entes, etc.


100

Usinas .
Son las que operaban como pantalla de la maniobra, comandadas por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez.


50

Allanamientos .
Son los que ordenó el juez a cargo de la causa Luis Antonio Armella, en distintas localidades del país.

Fuente diario el Territorio