Mburucuyá: Denuncias e Irregularidades en la gestión de un intendente oficialista

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Gustavo Valdés y el intendente municipal Pablo Guastavino
Gustavo Valdés y el intendente municipal Pablo Guastavino

El intendente radical Pablo Guastavino fue denunciado penalmente por delitos de robo y lesiones que junto a su hermano Guillermo Guastavino, proporcionaron a un comunicador radial para después robarle su celular.

A todo esto, se suman fuertes sospechas sobre un manejo indebido de alimentos para familias humildes que el gobierno envía a esa localidad. Esto es porque los alimentos fueron guardados en un domicilio que sería propiedad de los padres de Guastavino los cuáles, eran distribuido según la web diario1588.com, en un comedor que habría cerrado hacer 4 (cuatro) años.

Los escándalos siguen, Pablo Guastavino también fue denunciado por mantener en negro a cuatro concejales opositores, sin obra social ni aportes jubilatorio, desde que asumieron en 2015 y 2017. Esto habría desatado nuevas investigaciones  judiciales y puesto en evidencia el poder hegemónico que gobierna esa localidad.

La denuncia policial del periodista contra el intendente radical.
Imagen cortesía de pagina12

El intendente de la ciudad de Mburucuyá, en Corrientes, Pablo Guastavino, fue denunciado penalmente por los supuestos delitos de robo y lesiones cometidos contra un periodista que lo filmó cuando se encontraba bajando mercadería del Estado en un domicilio que sería de su familia.

Marcelo Florindo se hallaba en una calle de la zona céntrica de Mburucuyá transmitiendo en vivo por Facebook, a través de su teléfono. El periodista grababa a un grupo de personas que bajaban mercaderías de un camión a una casa cuando fue atacado, según la denuncia realizada. Florindo dijo que quien lo golpeó fue el propio jefe comunal, que pertenece a la Unión Cívica Radical. A su vez, el hermano del intendente, Guillermo Guastavino, le quitó el celular y no se lo devolvió.

Minutos más tarde, las imágenes en vivo fueron borradas de la cuenta de Facebook del periodista local, que hizo la denuncia penal por los delitos de robo y lesiones en la comisaría local. A su vez, el hospital público constató las lesiones sufridas por el denunciante.

La denuncia

La denuncia por robo y lesiones apunta a los hermanos Guastavino como los supuestos autores y el caso será investigado por la fiscalía de Instrucción del departamento de Saladas. «El gravísimo hecho de que un Intendente Municipal, y su hermano no entiendan que la libertad de expresión y el trabajo periodístico realizado en la vía pública es un derecho del suscripto conlleva una gravísima afectación institucional«, se lee en la querella que interpuso el periodista. «En ese sentido, que el máximo funcionario local proceda, a golpes de puño y violencia física y verbal a intentar amedrentar a un periodista, que realizaba una labor en frente de su casa, resulta claramente un hecho repudiable y también punible», agrega.

Minutos después de los golpes contra Florindo, el escándalo continuó cuando llegó al lugar el concejal opositor Franco Cáceres y trató de auxiliar a la víctima del robo y las lesiones. «Hemos acudido a la casa del intendente para tratar de recuperar el celular y recibimos amenazas por parte del padre del mismo. No sólo se han llevado el móvil, sino también han agredido físicamente al periodista», dijo el dirigente opositor. Ese momento quedó grabado en un video que filmó el concejal con su teléfono.

Manejo indebido de alimentos

El escándalo también generó otra vez en Mburucuyá fuertes sospechas sobre el manejo de alimentos para familias humildes que el gobierno provincial envía a esa localidad. Esto es porque los alimentos fueron guardados en un domicilio que sería de propiedad de los padres de Guastavino y no en alguna dependencia de la Municipalidad.

La web diario1588.com consigna que los comestibles, según el municipio en su inscripción en Desarrollo Social, serían destinados al Hogar para Niños y madres adolescentes. Una verdadera institución “fantasma”, ya que en realidad no existe, como tampoco comedores oficiales en esa localidad, ni tampoco esta clase de asistencias desde la comuna. Otro dato sostiene que debían ser entregados a las Escuelas y Centro de Jubilados. Aunque las malas lenguas aseguran que los productos pre-elaborados y entregados por la empresa Tecnofood, terminan en los criaderos de chanchos que tiene la familia Guastavino.

El dato más particular lanzado por el Alcalde de la tierra del chamamé tradicional en contacto con la web radial, es que su padre tiene un comedor en el barrio Laguna Aguirre y que las mercaderías que llegaron desde Buenos Aires, son para darle de comer a más de 70 chicos. Hasta donde averiguó 1588, ese predio hace 4 años que se cerró, y en ese lugar actualmente funciona una carnicería.

Concejales en negro.

Se trata de cuatro concejales opositores, tres justicialistas y uno del partido Renovador, quienes trabajaban en negro, sin obra social ni aportes jubilatorios, desde que asumieron en 2015 y 2017, por decisión directa del intendente. La situación no quedó clara.

Se trataría de una “discriminación política” que desencadenó una supuesta investigación judicial por las irregularidades de funcionario público que ello implica.

“La Justicia comenzó a investigar al intendente Guastavino, que es parte de un clan familiar que persigue a opositores, ya que se niega a regularizarnos cometiendo una grave irregularidad de funcionario público”, explicó el concejal peronista Gustavo Aromí en declaraciones a la prensa.

Además fue acusado de pagar la irrisoria suma de 110 pesos por día trabajado a los changarines, que también son personal en negro sin ningún tipo de cobertura médica. Además, lo denunciaron porque se negaba a pagar el día no trabajado, por lo que los feriados, sábados y domingos los humildes obreros no tenían para comer.

“El clan Guastavino ya tuvo otros problemas con la Justicia porque en 2018 la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Corrientes condenó al intendente a presentar balances de cuentas de años anteriores y la planilla de trabajadores de la Comuna”, recordó el peronista Aromí.

Ahora, la Justicia vuelve a poner la lupa sobre la gestión municipal por una medida cautelar iniciada por los concejales Aromí, Marcelo Romero, Mario Soto y Franco Cáceres.

“Esta vez, Guastavino suma otro hecho vergonzoso porque su gestión hace que el Municipio de Mburucuyá ni siquiera regularice los aportes de los concejales, además de otras deudas y cuentas negras que se investigan”, expresó Aromí.

El clan Guastavino mantiene salarios de hambre para el personal municipal, mantiene concejales en negro, tiene serios problemas con el manejo de las cuentas del Municipio porque no rinde balances, es violento y además, podría quedarse con parte del alimento destinado a personas humildes.

Fuente: pagina12; diario1588; pasodelapatriahoy.