Justicia Federal: allanaron las sedes de Catastro y el Registro de la Propiedad de Corrientes

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Efectivos de Prefectura Naval están realizando una profunda inspección en las oficinas provinciales. Analizan posibles ilícitos en la compra y venta de terrenos e inmuebles en la provincia.

La Justicia Federal ordenó un allanamiento en las oficinas de la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes. Se investigan posibles hechos ilícitos en la venta de terrenos e inmuebles.

Efectivos de Prefectura Naval y de la Policía Federal ingresaron cerca de las 8 de la mañana a las sedes de Catastro por calle 9 de julio al 1500 y del Registro, ubicado en 3 de Abril y Mendoza. No dejaron ingresar ni salir a nadie del lugar.

Las oficinas no atienden al público y los integrantes de la Justicia inspeccionaban papeles y se llevaron computadoras.

Los allanamientos estarían vinculados a una mega causa en la que se investiga la venta irregular de terrenos en zona de Santa Ana. Hay una falsa escribana, Teresa Vázquez, que está prófuga de la Justicia.

Una banda delictiva se encargaba de buscar inmuebles de personas fallecidas, armaba una prescripción veinteañal con terceros, mensuraba el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la avenida 3 de Abril y Mendoza, lo cambiaba a dominante para poder escriturar la propiedad robada. Para eso les falseaban la mensura a agrimensores.

Si bien este mecanismo se centró especialmente en el loteo San Blas de la Ruta Provincial Nº 43, a dos kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12, también se escrituraron y vendieron muchos terrenos baldíos, como casas sin habitantes. Identificaban si se encontraban abandonadas y verificaban a quiénes les pertenecían, precisaron fuentes judiciales.

Si se determinaba que los dueños estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde, para así poder escriturar el inmueble.

Ese rótulo truchado era aprobado por la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble. En agosto del año pasado, el área de Asesoría Legal de la Dirección advirtió las irregularidades en los expedientes y denunció el caso.

Cabe recordar que en la causa hay varios profesionales involucrados, como la agrimensora Liliana Griselda Ortíz, el abogado Iván Bordón y la escriban Gladys Báez. Todos permanecen detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación para que luego se dicte el procesamiento.