Fiscal federal pidió que juzguen a titulares de la cooperativa Pyramis

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Banco trucho que funcionaba en el microcentro

Están acusados de realizar intermediación financiera no autorizada.

El fiscal federal Flavio Ferrini pidió la elevación a juicio de una parte de la causa iniciada por las actividades ilícitas realizadas por la Cooperativa Pyramis, firma que funcionaba como un banco por fuera del sistema legal por carecer de autorización del Banco Central de la República Argentina.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron a NORTE de Corrientes que “se pidió elevar a juicio la parte de la causa en la que los representantes de la firma están procesados por intermediación financiera”.

Además, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento de Horacio Boschetti por haberse extinguido la acción penal por la muerte del imputado. El hombre falleció en la primera semana de este mes en la capital correntina.

En tanto, siguen en análisis las pruebas relacionadas con las sospechas de lavado de activos y otros delitos económicos que están en etapa de evaluación en la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.

La solicitud de elevación a juicio llega después que la defensa de los imputados realizara objeciones respecto de los procesamientos dispuestos por el juez federal de Primera Instancia, Juan Carlos Vallejos.

El Tribunal de Alzada rechazó los planteos al argumentar que existen elementos de convicción suficientes respecto a la responsabilidad de cada uno de los imputados en la conformación de “una banca de hecho”, que operó bajo la fachada de la persona jurídica de una cooperativa, para llevar adelante millonarias operaciones de intermediación financiera por fuera de la órbita del Banco Central.

En julio de 2016, el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, había dictado los procesamientos de Mario y Lisandro Boschetti y César Gelmi, todos ellos integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa; y de Alfonso Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras, quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios, pero que en realidad efectuaba cambios de cheques, compra y venta de moneda extranjera y préstamos de dinero, sin la debida autorización del Banco Central.

En su resolución, el magistrado estableció que la elección de la figura jurídica de la cooperativa no fue azarosa, sino que responde en parte a una estrategia deliberada de no tributar el 35 por ciento sobre las ganancias (que obtendría) de la sociedad.

Dispuso, además, embargos por 3 millones de pesos para cada uno de los siete procesados.s

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Fuente: nortecorrientes