Conmoción: creen que una secta robó cadáveres de bebés para llevar adelante sus ritos

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El primer caso causó estupor, conmoción y dolor. Con los siguientes creció la indignación. Y con el cuarto y último, hace dos semanas, llegó la paranoia. Es que los recientes robos de cadáveres de bebés en dos cementerios del partido de General Alvarado no solo fueron un golpe durísimo para las familias que resultaron víctimas del inmoral acto, sino que, además, parecen haber acabado con la paz de al menos otras tres parejas que tienen hijos allí enterrados y ahora piden la intervención del Estado. Frente a esta sucesión de hechos, temen estar dejando flores sobre tumbas con ataúdes vacíos.

Hasta ahora la investigación judicial no tiene sospechosos a la vista. Apenas la hipótesis que vincula estos sucesos con prácticas o rituales de algún culto, eventualmente de una secta. Hay algo más llamativo aún, que agrava el desconsuelo de los damnificados: la legislación vigente no tipifica como delito la sustracción de restos humanos. Apenas se la considera una contravención, un hecho menor.

Las autoridades municipales, también impactadas. Por lo pronto, dispusieron vigilancia permanente con personal de la Guardia Urbana e instalaron reflectores y cámaras para monitorear y grabar durante las 24 horas los movimientos dentro de los cementerios de Miramar y Comandante Nicanor Otamendi. Además ofrecen una recompensa de $100.000 para quien aporte datos que encarrilen la investigación.

«También acompañamos a familiares damnificados en la elaboración de un proyecto de ley para que se tipifique y se fije una pena para el robo de cadáveres», confirmó a LA NACION la secretaria de Gobierno de General Alvarado, Eugenia Bove. Hicieron esa presentación en el Congreso hace un año; por ahora, sin avances en su tratamiento.

La macabra historia comenzó en marzo de 2017 cuando un ciclista encontró el cuerpo mutilado de un niño en el arroyo La Totora. Se trataba de Matías Valentino Fernández, que había muerto a principios de ese mes, asfixiado con un globo, y fue sepultado en Otamendi. Allí se confirmó que el féretro había sido forzado. Por el caso estuvieron aprehendidos el responsable de la casa funeraria donde habían velado a Matías y al sepulturero, que fue acusado de falso testimonio.

El 24 de diciembre de ese mismo año los padres de Ciro Aranda, de 14 meses, advirtieron que el ataúd que debía guardar sus restos estaba en depósito, pero vacío. Lo informaron a los responsables del lugar.

Los dos nuevos casos se dieron el mes pasado, en el cementerio de Miramar. Noelia, mamá de Ciro Lescano, advirtió que había tierra removida en la tumba de su hijo, que había muerto cuando tenía cuatro meses de neumonía. Y se estremeció cuando encontró, tirado a un costado, el chupete que el bebé usaba y que ella había dejado dentro del cajón. Logró que se verificara y comprobara lo que presumía: alguien había robado el cuerpo.

Se ordenó un rastrillaje por la reserva forestal aledaña. Solo se encontraron un pantalón y una bata de bebé. Noelia no los reconoció como propios, pero acertó al tomar una foto del hallazgo y publicarla en Facebook. Así aparecieron los padres de Liam Rodríguez, de 2 años, muerto el verano pasado cuando se le cayó un televisor sobre la cabeza. Y otra vez el drama: se ordenó la exhumación y la fosa estaba vacía.

«Quiero que aparezca el cuerpo de mi hijo, quiero tenerlo en un lugar donde ir a llorarlo y dejarle una flor», insistió Noelia Lescano, que encabezó ya varias protestas frente al palacio comunal para exigir respuestas para este y los demás casos.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli, que llevó las causas por estos últimos dos hechos, confirmó que siguen distintas pistas y que todo se orienta hacia alguna persona o grupos que practican rituales con restos humanos. «Estamos tratando de tomar lo investigado en los casos de Otamendi para continuar algunas líneas abiertas», sostuvo.

Pellegrinelli cubrió, durante la feria judicial, la fiscalía descentralizada de Miramar; hoy tomará provisionalmente el turno el fiscal Rodolfo Moure.

Trabas legales

Por ahora se descartó que detrás de los robos haya un eventual tráfico de órganos, pues se trata de fallecidos. Se dispusieron medidas que no aportaron resultados reveladores. Se tomó testimonio al personal del cementerio. También hubo allanamientos, aunque no se encontraron elementos que permitan perfilar la investigación hacia el esclarecimiento de este enigma.

Los primeros pasos sobre el tema los dio la fiscal Ana Caro, que tomó en su origen el primer caso de Otamendi. Fue la primera que chocó con el gris que el Código Penal expone ante este tipo de hechos. «Lo que hace es tipificar una sola figura que tiene que ver con la sustracción de cadáveres y probar algún fin de lucro», dijo entonces. Es en el artículo 171 donde se fija prisión de dos a seis años para el que «sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución». La profanación de una tumba se considera una contravención provincial contemplada en la ley 8031, para la que se prevén una pena y una multa mínimas.

En aquella oportunidad la investigadora apeló al faltante de un crucifijo de Ciro que su mamá le había guardado dentro del féretro. Así pudo aferrarse a una acusación de hurto contra el sepulturero Juan Carlos López. Se allanó su casa y no se encontró esa alhaja, por lo que aquella imputación se diluyó.

Bove explicó a LA NACION que el proyecto para legislar en la materia se realizó junto con la familia de Ciro Aranda. Impulsada por el diputado Daniel Arroyo, la iniciativa fue contemporánea del debate por el aborto, que concentró toda la atención y relegó su tratamiento.

El estupor generado por estos casos y la ausencia de resultados concretos en la pesquisa derivaron en la reciente oferta de colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación. El secretario del área, Eugenio Burzaco, comprometió personal y equipo de canes especializados de las fuerzas federales para reforzar la pesquisa. «Nosotros también vamos a ponernos a investigar», advirtió.

Para que sea delito debe haber pedido de rescate

Según el Código Penal vigente, la profanación de tumbas está tipificada entre los delitos contra la propiedad, dentro del capítulo de las extorsiones.

El artículo 171 describe: «Sufrirá prisión de dos a seis años el que substrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución». Es decir que para que se configure el delito debe mediar la exigencia de un pago de rescate por el cuerpo sustraído de su última morada, como si fuese un secuestro.

Algunos especialistas en materia penal sostienen que, eventualmente, casos como estos se pueden calificar de robo o hurto, sea que medie o no violencia para concretar la profanación.

Fuente La Nacion