Causa Sapucay: iniciaron alegatos en un juicio que implica a narcos, intendentes, policías y hasta un juez

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Comenzaron los alegatos en un juicio que lleva mas de un año y medio, con narcos y encubridores en el mismo banquillo.

Seguramente, en lo que se refiere a la investigación de la narcocriminalidad en la Argentina, la causa Itatí -a la que la Gendarmería bautizó «Operación Sapucay»- marque un antes y un después.

No tanto por la cantidad de droga contrabandeada desde Paraguay vía el río Paraná, unas 18 toneladas de marihuana incautadas en 28 operativos realizados en 2011 y entre 2014 y 2017.

Más importante que eso es la manera en la que el expediente fue subiendo en la escala de responsabilidades hasta límites pocas veces alcanzados: un juez federal (con competencia electoral, para más datos), dos intendentes correntinos, tres líderes narcos, policías locales y federales, gendarmes y abogados.

Un primer proceso judicial -en el cual se detectó que la marihuana llegaba de Itatí a la Capital Federal para ser comercializada en la villa 21 de Barracas- terminó con 12 condenados. A eso se le sumó una segunda causa relacionada con la primera, en la que también hubo condenas, nada menos que 30.

En ambos casos las sentencias quedaron firmes luego de ser apeladas a Casación. Incluso en un tercer proceso (un rejunte de decenas de «causas conexas») se halló culpable a otro grupo de 14 personas.

Los números impresionan, pero aun así lo pesado pesado tampoco está en estos antecedentes sino en lo que vino despues de esas primeras condenas.

Para empezar, en agosto de 2019 arrancó un juicio oral inédito que ahora está en la recta final de alegatos. Con un detalle importante: de los 45 procesados que llegaron a esta instancia, 33 ya firmaron acuerdos de juicio abreviados con la fiscalía por penas que van de 3 años y medio a 12 años de prisión.

Si bien los acuerdos recién serán válidos cuando los homologuen los jueces del tribunal oral (a la hora del veredicto), su sola firma por parte de los acusados indica que aceptaron su responsabilidad dentro del entramado narco.

Y entre los que firmaron abreviados están el ex intendente de Itatí, Natividad «Roger» Terán, su segundo, Fabio Aquino, el ex intendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone, y el narco Federico Sebastián «Morenita» Marín.

Cuando este juicio termine, aun quedará otro muy importante por llevar adelante. Este último debate oral tendrá como acusado estrella al ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, a quien se le imputa cobrar coimas para beneficiar a los narcos en complicidad con sus dos secretarios y un equipo de cinco abogados.

Esta parte de la investigación ya fue elevada a juicio, pero las audiencias aun no comenzaron. Por lo pronto, la Cámara decidió que sean juzgados por la Justicia federal de Corrientes ya que en esa jurisdicción se habrían pagado las coimas.

Itatí es lo que se suele llamar en los medios una «megacausa»: distintos expedientes que tienen un mismo hilo conductor y responden a una misma organización.

En este caso, los fiscales llaman a la investigación un «macroproceso» y así lo encararon el miércoles durante el inicio de la etapa de alegatos.

Con gráficos, mapas, escuchas telefónicas y todo tipo de material didáctico, los detalles del negocio y el rol de sus protagonistas fue explicado durante cinco horas por Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

La explicación formó parte del alegato de la fiscalía en un juicio a cargo del Tribunal Oral Federal N° 3 que comenzó el 29 de agosto de 2019, atravesó la pandemia a base de extenuantes audiencias por Zoom y ahora entra en la recta final.

El entramado de la organización es tan complejo, extenso y tiene tantos actores (127 personas involucradas en las diversas etapas) que los representantes del Ministerio Público se repartieron el trabajo entre Iglesias, el fiscal federal Juan García Elorrio y el auxiliar fiscal Martín Uriona.

Cada uno abordará un aspecto distinto de la organización acusada de «tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio- en calidad de coautores, agravado por haberse servido de menores de dieciocho años de edad y por la intervención de funcionarios públicos».

En este punto hace falta recordar que en la causa se probó que existían los «escueleros» y que el termino indica que se usaban pibes de Itatí para descargar la marihuana de las barcazas que cruzaban el río Paraná. De Corrientes, la droga viajaba principalmente a Buenos Aires, pero tambien tenía mercado en Rosario, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Tucumán.

El equipo de fiscales ya adelantó que necesitará tres días (en el caso de este proceso, tres miércoles) para alegar ante los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos.

Más allá de las complicidades, en la causa se detuvo a los tres narcos que manejaban el contrabando de marihuana en Itatí: Carlos «Cachito» Bareiro, Federico «Morenita» Marín y Luis «El Gordo» Saucedo.

El alegato de Diego Iglesias en parte se centró en las escuchas de las conversaciones entre ellos. En una de ellas, Bareiro, que está un poco por encima de sus dos colegas en cuanto a importancia, le pide a un amigo que le acerque a la cárcel, en Chaco, un arma y un celular ya que ningún miembro de su círculo más íntimo estaba disponible.

Bareiro no quiso firmar un juicio abreviado en el que la fiscalía le había ofrecido una pena de 15 años de prisión. Por eso es uno de los 12 procesados que siguen en carrera hasta el día del veredicto.

Otros dos en la misma situación son un subcomisario y un sargento de la Delegación Policía Federal de Corrientes, lugar donde se encontraron 10 kilos de marihuana sin ninguna identificación.

El caso de «Morenita» Marín es diferente. Luego de estar prófugo durante tres años se entregó cuando se vio rodeado. Un muy recordado video, tomado por Gendarmería, lo muestra atrincherado durante horas en una modesta casa. Marín no se dejó esposar hasta que le llevaron a sus hijos y pudo despedirse de ellos. «Morenita» firmó un abreviado a 12 años de prisión.

En cuanto a Saucedo, fue detenido en Paraguay en septiembre de 2019, por lo que tendrá su juicio aparte. Por él, el Estado argentino llegó a ofrecer una recompensa de un millón y medio de pesos.