Alerta por grupos colombianos que operan desde Corrientes hacia todo el país

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Por ejemplo, en la localidad salteña de San Ramón de la Nueva Orán existen cinco grupos locales que son señalados como bandas dedicadas al microtráfico de drogas y que ahora intentan expandir su red de distribución primero hacia las capitales provinciales más cercanas.

Se trata de una ciudad compleja. Quienes conocen sus barrios y expedientes, aseguran que fue fuerte el impacto que se sintió en esa comunidad por las acciones del exjuez federal Raúl Reynoso en sus relaciones con jefes narco. El exmagistrado fue condenado en 2019 a trece años de prisión; y el pasado 5 de marzo, el Ministerio Público Fiscal lo acusó nuevamente -en una causa distinta, también por corrupción- y solicitó una condena de diez años.

«La violencia en Orán está en su punto más preocupante, pero, al igual que en toda la frontera, allí enfrentamos el problema de forma conjunta e inteligente, incluso con rápidas condenas e incautaciones de bienes», dijo un investigador judicial. En la misma línea, otro funcionario describió la situación en esa ciudad salteña con pocas palabras: «Cualquier persona que se lo proponga puede comprar allí un kilo de cocaína».

Información oficial indica que el pasado 9 de marzo, por ejemplo, una pareja de mendocinos fue interceptada allí, en cercanías del cruce de Pichanal, cuando viajaban a su provincia con tres kilos de cocaína en el automóvil.

Los funcionarios consultados coincidieron en señalar que, dada la complejidad del problema, estos casos son atendidos directamente por el personal que pasa mayor tiempo en la zona, pero también son tratados por funcionarios a nivel nacional. Por eso, explicaron los especialistas, se desarrolló en este sector de la frontera una dinámica conjunta de trabajo que no solo incluye a los agentes federales o los funcionarios del MPF, sino que también requiere el buen trabajo de la policía local y la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar) de Salta. «Generamos mayor presencia del Estado en una guerra de trincheras contra el narcotráfico», aseguraron los funcionarios judiciales.

CORRIENTES, OTRA PUERTA DE ENTRADA SIN CONTROL

Respecto de lo que sucede en la zona del Litoral, ese experimentado oficial destacó la presencia de grupos colombianos en Corrientes que prestan dinero proveniente del tráfico de drogas. Citó investigaciones en las que ha participado, mediante las cuales pudo detectarse, por ejemplo, que estos grupos se instalan en barrios determinados con locales y negocios supuestamente lícitos. Luego, esos clanes expanden su red de influencia prestando dinero; y finalmente desembarcan con su droga en la periferia de los barrios más pobres, donde los vecinos quedan como virtuales rehenes.

La información oficial del MPF confirmó que el 14 de febrero pasado fueron detenidos los miembros de una banda de traficantes que llevaba droga desde Salta hacia Corrientes, para canjearla allí por marihuana y regresar a la ciudad norteña; con medio kilo de cocaína obtenían 15 kilos de marihuana. La operación era coordinada por una joven que tenía arresto domiciliario también por traficar drogas en la provincia de Chaco.

En los últimos meses, se publicó en los últimos meses al menos dos informes que dan cuenta de los operativos conjuntos entre Brasil, Paraguay y la Argentina para evitar que los pequeños grupos locales de traficantes ubicados detrás de las fronteras de los países vecinos sean cooptados por la expansión de dos peligrosos carteles brasileños, el Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital.

En las fronteras y provincias pertenecientes las regiones judiciales noreste y noroeste -que incluyen también a Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca- se abrieron durante 2019 al menos 3548 expedientes por delitos vinculados al tráfico de drogas, según información de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Esta cifra no incluye las causas iniciadas por tenencia simple, tenencia para consumo ni por fumar marihuana en la vía pública. Así, la cantidad de investigaciones en las provincias del norte subió 10% en comparación con los 3216 expedientes originados en 2018.

 

Por: Belisario Sangiorgio para La Nacion